TRASCENDENCIA E IMPORTANCIA DEL CONCEPTO DE CIBERGUERRA PARA LOS ESTADOS

 ¿POR QUÉ LOS ESTADOS DEBERÍAN TENER EN CUENTA 

EL CONCEPTO DE CIBERGUERRA?

Una vez definidos los elementos que conceptualizan la ciberguerra y los puntos de conexión o vínculo que ésta tiene con la geopolítica, surge la necesidad de cuestionarnos acerca de la importancia que tiene el análisis y el estudio de la ciberguerra. Para el efecto, es bueno preguntarnos: ¿tiene algún interés que los sectores público y privado de la sociedad comprendamos el alcance de la ciberguerra?, ¿Los países deben tener en cuenta el concepto de ciberguerra?, ¿sirve de algo conocer el concepto de la ciberguerra?.

De entrada, debe señalarse que la gran importancia que ha venido adquiriendo la ponderación de las amenazas derivadas de la ciberguerra, justifica la necesidad y el interés de todos los sectores de la sociedad comprendamos el alcance de la ciberguerra. Lo dicho, en atención a las graves implicaciones y efectos tanto sociales como económicos que tendría un ataque cibernético de gran magnitud o escala general, lo cual pone de presente que ante un evento de tales connotaciones, la totalidad de los sectores de la sociedad se verían enormemente perjudicados o afectados, de modo que sí nos asiste interés a todos en comprender el alcance de la ciberguerra.

La trascendencia que tiene la ciberguerra se encuentra en el peligro de llegar a subestimar la gravedad y la potencialidad de daño de la misma, pues traduce un riesgo serio para la sociedad en la que llegaren a desplegarse plenamente las operaciones propias de esta clase conflicto.   

En similar sentido, en consideración a que todos los sectores de la sociedad se encuentran directamente involucrados respecto a las connotaciones derivadas de una eventual guerra cibernética, también se entiende entonces que los Estados deben tener en cuenta el tema, principalmente en lo que se refiere a la definición de estrategias de seguridad nacional que hagan posible brindar protección a los ciudadanos y a las instituciones frente a los eventuales riesgos o efectos adversos que podrían llegar a derivarse de ella.

Precisamente a causa de este riesgo y amenaza potencial que subyace a la ciberguerra, a medida que se incrementan los avances tecnológicos, las grandes potencias mundiales y diversos actores de la comunidad internacional han estado en la búsqueda de mecanismos que les permitan, de un lado, obtener provecho de las posibilidades que ofrecen las herramientas informáticas para hacerse con el control de información reservada y datos que poseen los Estados que son sus adversarios políticos o económicos; o de otro lado, protegerse frente a los daños y afectaciones que les puedan llegar a provocar ataques inesperados destinados a inutilizar sus sistemas de control, de seguridad o de almacenamiento de información privilegiada.

Nos encontramos en un momento único de la historia en el que los Estados deben adoptar una posición firme para reglamentar los usos de la tecnología, así como para desarrollar políticas y estrategias de seguridad nacional; cuestión en la que las grandes potencias ya han venido dando algunos avances notables.

Como lo destaca Sánchez (2012):

“países como EEUU, Francia, el Reino Unido, Israel y Corea del Sur, y algunas organizaciones internacionales como la ONU y la OTAN, estén tomando conciencia de la importancia y necesidad de un ciberespacio seguro. (…) países como China, Irán, Corea del Norte, Rusia y Pakistán han reconocido su interés estratégico en el ciberespacio como vehículo para alcanzar posiciones de liderazgo económico y político en sus áreas geográficas de influencia, y lo están concretando en la definición de políticas, en la ejecución de grandes inversiones económicas destinadas a recursos TIC y en la formación de recursos humanos”.

La comunidad internacional está en mora de generar una reglamentación en el derecho internacional sobre los mecanismos bajo los que pueda llegar a darse un conflicto en el marco de la ciberguerra, con el propósito de establecer límites claros, concretos y precisos frente a eventuales consecuencias devastadoras que podría generar su aplicación indiscriminada, de manera similar a cómo ocurre con la guerra y las operaciones militares tradicionales, las cuales se encuentran reguladas en el marco del derecho internacional humanitario.  

Lo dicho, porque los riesgos que conlleva la ciberguerra son de un alcance bastante amplio, y en varios de sus segmentos específicos, actualmente se desconoce su verdadera magnitud. Es innegable que las causas, las consecuencias y los efectos adversos de la ciberguerra no se limitan a dañar solamente al Estado que constituye el objetivo del ataque, sino que existe la posibilidad de que puedan extenderse hasta otros Estados o incluso abarcar a la totalidad del mundo. El daño que genera la ciberguerra no se circunscribe a la simple inutilización de sistemas informáticos, sino que por el contrario, puede llegar a extenderse a generar afectaciones a una amplia gama de aspectos sociales y económicos que pueden resultar alterados, modificados o incluso destruidos.

En la actualidad, todos estamos en riesgo de sufrir un ataque que afecte o dañe gravemente  a los sistemas informáticos que utilizamos para el desarrollo de las actividades cotidianas en el ámbito personal, académico, laboral o profesional, dada la enorme dependencia que la sociedad contemporánea tiene frente a la tecnología; circunstancia la cual amerita que el Estado, en su condición de garante de los derechos, la vida y la integridad de los ciudadanos, establezca estrategias de seguridad nacional para la prevención y la protección, así como para la regulación de los alcances de la tecnología. 

Por consiguiente, el impacto positivo o negativo de la tecnología dependerá de las decisiones que se tomen al respecto para determinar el rumbo de la sociedad. Es por ello que la planificación que se realice respecto a la regulación y al control que se haga de herramientas tales como el Internet constituye el punto de referencia para evaluar las consecuencias y los efectos que la tecnología ejerza en la sociedad, lo cual viene a ser una tarea que deben llevar a cabo todos los sectores de la sociedad en su conjunto, pues no resulta factible confiar el control de la tecnología solamente a un área específica, como por ejemplo, las autoridades religiosas, los poderes financieros o las asociaciones científicas.

Si deseas profundizar en el tema abordado, puedes revisar el siguiente video: